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A manera de Contexto Situación sistemática y generalizada de violencia en contra de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en Colombia

A manera de Contexto: Situación sistemática y generalizada de violencia en contra de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en Colombia

CRISTIAN RAUL DELGADO BOLAÑOS

Coordinador Comisión Nacional de Derechos Humanos e integrante de la Junta Patriótica Nacional Movimiento Político y Social Marcha Patriótica.

Desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Marcha Patriótica hemos evidenciado que como producto de los procesos de Paz entre el gobierno nacional y las insurgencias armadas del ELN y las FARC-EP se ha presentado en nuestro país un descenso de las afectaciones a civiles, combatientes y bienes derivadas del conflicto armado interno. Sin embargo, ha ido en incremento los índices de violencia sociopolítica en contra de defensores de Derechos Humanos, líderes y dirigentes sociales y populares. Lo anterior se ve agravado ante la confluencia de factores como: a. La presencia y reconfiguración del fenómeno paramilitar en los territorios; b. El regreso a las regiones de quienes en el pasado integraron las Autodenfensas Unidas de Colombia [AUC] dada su puesta en libertad por pena cumplida en el marco de la aplicación de la denominada ley de justicia y paz; c. los conflictos territoriales por la existencia de megaproyectos e intereses económicos; y d. La ola de violencia política desatada contra quienes defendemos la solución política del conflicto armado colombiano.

Existe en el país una situación generalizada de violencia en contra de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos. Igualmente preocupa el incremento de acciones paramilitares.

El informe anual de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos destacó un preocupante aumento de los líderes asesinados en zonas rurales: mientras en 2015 se registraron 25, el año pasado fueron 59.

En este sentido, en dicho informe, el Alto Comisionado señaló que “hasta el 31 de diciembre de 2016, la Oficina observó 389 ataques de los siguientes tipos: 59 homicidios; 44 ataques; 210 amenazas (69 colectivas); 72 violaciones de derechos a la privacidad y la propiedad (incluyendo fotografías, vigilancia y robo de computadores); tres desapariciones forzadas; y un caso de violencia sexual”[1].

Por su parte la defensoría del pueblo a través del Sistema de Alertas Tempranas, entre otros señalo “Es así como, en el lapso de catorce meses comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 5 de marzo de 2017, se han registrado 156 homicidios contra los líderes sociales, comunitarios y defensores(as) de derechos humanos (…).

Además de la concentración geográfica y temporal de los homicidios, se observan algunos elementos que permiten evidenciar una problemática generalizada de ataques contra los líderes sociales, comunitarios y defensores de derechos humanos

En el mismo período de tiempo, la Defensoría del Pueblo documentó 33 casos de atentados ocurridos, registro 5 casos de desaparición forzada de líderes sociales, comunitarios y defensores de derechos humanos y documento por lo menos 500 casos de amenazas contra líderes sociales, comunitarios y defensores de derechos humanos, de las cuales 61 corresponden a amenazas colectivas.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Marcha Patriótica e INDEPAZ, cuenta con una base de datos que incluye el homicidio de 190 líderes sociales y defensores de DDHH entre el 2016 (116) y 2017 (74).

En el marco del proceso de Paz entre el gobierno nacional y la insurgencia armada de las FARC-EP en proceso de reincorporación, se ha denunciado que entre el 16 de abril de 2017 y el 15 de julio de 2017, se han presentado 19 homicidios de familiares e integrantes de FARC-EP en proceso de reincorporación (10 familiares 9 integrantes de FARC-EP).

A pesar de que uno de los movimientos más afectados con reiteradas y sistemáticas agresiones es indiscutiblemente el movimiento social y político Marcha Patriótica el cual desde su surgimiento cuenta con 137 homicidios de sus integrantes, varias organizaciones defensoras de derechos humanos han presentado un notorio incremento en las agresiones contra sus miembros. Estas organizaciones en reiteradas oportunidades han denunciado en su debida oportunidad ante las autoridades competentes e instado al Estado colombiano a tomar medidas idóneas y eficaces que ofrezcan garantías de no repetición y garantías plenas para desarrollar las actividades que realizan los defensores/as de derechos humanos, así como los líderes/as sociales que vienen trabajando a favor del proceso de paz y han realizado valiosos aportes para su debida implementación.

Así, dichas organizaciones han tenido que soportar diferentes clases de agresiones, dentro de las cuales se incluyen amenazas, seguimientos, interceptaciones - ‘chuzadas’ a sus medios de comunicación, hostigamientos y un sin número de situaciones que evidentemente ponen en riesgo la seguridad de los defensores/as de derechos humanos, así como de los líderes/as sociales. Igualmente se insiste en que se ha incrementado los montajes judiciales en contra de líderes sociales, al igual que a diario se reportan amenazas de muerte individuales y colectivas. No obstante a pesar de la no aceptación de la situación real por parte del Estado en ocasiones existe pretensión de desconocimiento y señalamiento a líderes sociales.

Las amenazas han sido individuales o colectivas, directas e indirectas (Panfletos, llamadas, sufragios, ramos de flores, cabezas de animales degollados, y el ofrecimiento de recompensas económicas por atentar en contra de la vida de defensores de Derechos Humanos). En el caso de los panfletos amenazantes existen fundamentalmente dos factores de análisis: a) Factor territorial: Algunos fueron distribuidos en zonas rurales y urbanas de municipios, otros a nivel regional y algunos a nivel nacional. Lo que podría evidenciar la estructuración de un accionar Paramilitar articulado de carácter nacional con presencia territorial. b) Factor material: Existen dos tipos de amenazas: · Dirigidas a defensores de Derechos Humanos y/o organizaciones que apoyan los procesos de paz, participan activamente en reivindicación de derechos a través de la acción política, jurídica y la movilización social y denuncian la corrupción. En los cuales además del señalamiento, y de las amenazas de muerte expresas se ofrece recompensas económicas por atentar contra la vida de personas.

En el informe de INDEPAZ “el complejo paramilitar se transforma”, se explica claramente cómo se comporta este fenómeno en la actualidad, definiéndolo como una múltiple alianza entre grupos armados organizados para negocios ilegales, parapolíticos y negociantes de la paraeconomía, que cuentan con niveles de complicidad de agentes del Estado, incluidos miembros de la fuerza pública.

Actualmente, no se puede afirmar que en Colombia persista un modelo de paramilitarismo como el de las AUC de los años 80s y 90s. Sin embargo, no es acertado afirmar que el fenómeno no existe, ya que factores como el de la desmovilización producida entre los años 2005 y 2006 llevó a tener una recomposición, respondiendo a modelos de parapolítica y para economía, que tienen como sustento intereses políticos, negocios de corrupción, narcotráfico y minería ilegal.

Según señala Marcha Patriótica e INDEPAZ en el año 2016, se registran menos municipios con eventos Narco paramilitares, pero un mayor número de acciones violentas y mayor actividad de grupos como el Clan del Golfo, Los Puntilleros, Las Águilas Negras y más de 26 bandas locales o subregionales como La Constru, Nuevo Orden, La Pachenga, Los Paisas, Cordillera, La Oficina, y Nuevo Renacer.

Generalmente la presencia paramilitar se presenta en territorios que tienen las siguientes características:

· Interés geoestratégico: zonas de frontera, corredores de movilidad o tránsito de economías ilegales y de difícil acceso (control de rutas del narcotráfico).

· Existen recursos naturales y en consecuencia proyectos mineroenergéticos (Oro, coltan, carbón, petróleo, agua y biodiversidad, entre otros) y se desarrollan acciones legales e ilegales de extracción y comercialización.

· Existen plantaciones de cultivos de uso ilícito, zonas de tráfico y/o comercialización.

· Ha existido presencia histórica de las FARC-EP y en algunos sitios del ELN y EPL.

· Existe presencia de bandas criminales al servicio del narcotráfico. “La oficina de Envigado”, “Los Paisas”, La Cordillera”, “Los Puntilleros”, “Los Machos”

· Hay una fuerte presencia policial y militar de fuerzas de tareas conjuntas.

· El regreso a las regiones de quienes en el pasado integraron las Autodenfensas Unidas de Colombia [AUC] dada su puesta en libertad por pena cumplida en el marco de la aplicación de la denominada ley de justicia y paz

· Existe una ausencia estatal en materia social.

· Se señala a defensores de derechos humanos como obstáculos para que los grupos Paramilitares logren sus intereses económicos y políticos.

Como lo señalara el representante a la Cámara Alirio Uribe, Desde el primero de enero de 2017 se puso en marcha el “Plan Victoria, por la consolidación y estabilización de las regiones” (Plan Victoria). El objetivo inicial, ha sido asumir el control de los territorios en donde se ubicaban o tenían su mayor influencia las FARC y que quedan en situación de riesgo y disputa con diversos poderes legales e ilegales. Cuando cruzamos el mapa anterior con el registro de homicidios reportados desde el 01 de enero de 2016 hasta el 05 de marzo de 2017 por la Defensoría del Pueblo, se evidencia que en los departamentos en donde hay más presencia militar es donde se están presentando estos hechos.

Afirmamos que existe una sistematicidad en los asesinatos y que responde a los siguientes factores:

a. Distribución Geográfica de los Hechos. En 22 de los 32 departamentos de Colombia se presentaron homicidios contra defensores, lo que significa que en el 68% del territorio nacional ocurren casos de este tipo.

El 87.5% de las muertes ocurren en las zonas rurales del país, principalmente en zonas y regiones del país con altos niveles de militarización y presencia de actores armados.

En el año 2016 el 45.6 % de los homicidios se concentraron en el Suroccidente de Colombia (departamentos de Cauca Valle y Nariño) y en lo que va corrido del año 2017 el 50% de los homicidios se han concentrado en esta región del país.

En el año 2016 18 homicidios se presentaron en contra de Mujeres y 98 en contra de hombres y en lo que va corrido del año 2017 han ocurrido 64 homicidios en contra de Hombres y 10 en contra de mujeres.

Al analizar el lugar donde se cometieron los crímenes, continúa la tendencia que se ha identificado en años anteriores, en la mayoría de los casos los homicidios ocurren en la vivienda o a los alrededores de la vivienda del defensor(a); esto indica la premeditación y seguimiento que precede al homicidio de los defensores y defensoras en Colombia.

b. Tipos de Liderazgo: Al revisar el tipo de defensor(a) asesinado(a), es alarmante el incremento de homicidios de líderes y defensores de DDHH indígenas, afrodescendientes y campesinos. Un gran número de los líderes asesinados ejecutaban acciones en oposición a Proyectos Mineros, de Petróleos o de Concentración de Tierras

De los homicidios reportados es preocupante que más del 90% de los crímenes son perpetrados por sicarios que se movilizan en vehículos y motocicletas que interceptan al defensor(a) causándole la muerte con armas de fuego. En su mayoría fueron cometidos por grupos de hombres armados (algunos vestidos de civil, otros de negro, con camuflado o cubriendo el rostro con pasamontañas).

c. Presuntos Responsables. En cuanto a la presunta responsabilidad en las muertes, se presentó un desproporcionado incremento en la presunta participación de Paramilitares en comparación con los años anteriores.

Paramilitares que defienden intereses políticos y económicos y procesos para acumular tierras, riquezas naturales y otros activos.

d. La impunidad en la que se encuentran los hechos cometidos en contra de defensores de Derechos Humanos por parte de miembros de la Fuerza Pública y grupos paramilitares. Un factor de negación sistematicidad, revictimización y legitimación de la violencia en Colombia, se genera a partir de las declaraciones por parte de algunos funcionarios públicos e integrantes de la fuerza pública, con acciones de deslegitimación de las victimas al señalar y hacer énfasis en la presunta no pertenecía a organizaciones sociales y políticas, sacar a la luz pública posibles antecedentes judiciales y señalar como móviles factores externos a la persecución política.

Reconocemos los avances en el tema investigativo adelantado por Fiscalía. Y señalamos que siempre hemos exigido la importancia de la persecución investigación y sanción de responsables en la lucha en contra de la impunidad. De hecho que hemos acordado una ruta de trabajo regional en la idea de aportar elementos probatorios teniendo en cuenta que tenemos reparos en algunas de las hipótesis investigativas.

No obstante recordamos que no son 82 los defensores de DDHH asesinados en el periodo 2016 – 2017 como lo pretende posicionar el Estado Colombiano, Sino 190 (116 en 2016 y 74 en 2017) por lo cual hay un gran porcentaje sobre el que no se tiene información. Finalmente hacemos énfasis en que las investigaciones no solo se deben dirigir en contra de los autores materiales y deben incluir a los autores intelectuales.

8 de agosto de 2017

 



[1] Consejo de derechos Humanos. Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos en Colombia. 34 período de sesiones. Tema 2 de la agenda. Informe anual del Alto de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e infromes de la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General. A/HR/C34/3Add.3, pág. 10

 

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