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INTRODUCCION

 

El Estado Colombiano bajo los postulados de la “guerra total”, la “doctrina de la Seguridad Nacional” y el “conflicto de Baja Intensidad”, ha violentado sistemáticamente  derechos individuales y colectivos de ciudadanos y organizaciones en toda la geografía Colombiana sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo pasado. Esta práctica es afianzada por Álvaro Uribe Vélez mimetizada ante la comunidad nacional e internacional bajo la llamada “Política de Seguridad Democrática”.

 

El Suroccidente de Colombia integrado por los Departamentos de Valle, Cauca y Nariño, ha sufrido dolorosamente la aplicación de estas políticas de exterminio; especialmente en sus zonas rurales en las que con singular indefensión lo ha padecido el sector campesino correspondiente a un promedio entre los tres departamentos del 50% de la población total de los mismos.

 

La industrialización del campo promovida por el cambio de la matriz energética hacia los combustibles de origen vegetal o agro combustibles, el rediseño de los territorios para el incremento del tránsito de mercancías que ha dado origen a los llamados mega proyectos de infraestructura del transporte, la intensión de controlar toda la cadena de la industria de la cocaína, son algunas de las razones de la política estatal según la cual es necesario reorganizar la sociedad colombiana acorde con los nuevos intereses y necesidades.  

 

Lo que se conoce de Colombia en el mundo,  como “Conflicto armado interno” es realmente un efecto de esas políticas económicas. La guerra que desata el Estado colombiano es la forma sistemática de adecuar las condiciones territoriales y sociales a beneficio del capital, se ha intensificado con mayor rigor en los últimos años, principalmente con el desarrollo e implementación de la política de “Seguridad democrática” y el “Estado Comunitario” y su nueva fase la “Estrategia para el Fortalecimiento de la Democracia y el Desarrollo Social” del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, quien en su objetivo estratégico por desarticular y exterminar la resistencia popular, ha diseñado una política que golpea sistemáticamente a las organizaciones sociales y populares y a la oposición política en el país.  El  pueblo Colombiano padeciendo esa guerra, de la cual es víctima,  aparece como victimario.

 

A través de la historia  muchos dirigentes y activistas populares han sido víctimas  amenazas, torturas, desapariciones, detenciones arbitrarias, desplazamiento forzoso, exilio y lo que demagógicamente llaman ejecuciones extrajudiciales, que son asesinatos políticos y que en Colombia han llegado a ser verdaderos Genocidios. El aumento de los cordones de miseria en las ciudades corresponde a esta política de desarraigo, millones de desplazados engrosan estos cordones mientras el Estado Colombiano  los emplaza en los sitios donde necesita su mano de obra.

 

Para afrontar  esta cruda realidad la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes” (Red D.H. FIC), como parte de la dinámica organizativa del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano, considera prioritario seguir construyendo y consolidar, un tejido social y organizativo que trabaje esta problemática como una de las formas de construir Autonomía Integral para las comunidades y sus organizaciones.

 

 

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